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LA TRAICIÓN DE LOS GENERALES
Alberto Rodriguez
Sería absolutamente contrario al espíritu democrático que alimenta a la oposición pretender alzar las armas contra las armas. Pero es un imperativo categórico del momento denunciar esta felonía y recordar que los delitos de traición a la patria – máxima violación a los derechos humanos – no prescriben. A estos generales les espera el juicio de la historia. Y el de los hombres. Los espera el Estatuto de RomA.
Pedro Lastra
LA TRAICIÓN DE LOS GENERALES
Los ejércitos -¡qué duda cabe! -, son el último bastión de defensa de la institucionalidad democrática. Si en tiempos de guerra su función es servir de ariete en las ambiciones expansionistas de los Estados o, correlativamente, de muro infranqueable de defensa de la soberanía nacional, en tiempos de paz entre las naciones su naturaleza es estrictamente interior: servir de columna vertebral de la institucionalidad, piedra de toque de los afanes anarquizantes y destructivos de ambiciones revolucionarias. Garante irrestricto del acuerdo sagrado que subyace a las Constituciones: garantizar la paz, la seguridad, la honra, el progreso.
Para lo cual no debe apartarse un milímetro de lo que le ordena el pueblo soberano a cuyos imperativos constitucionales se debe todo soldado: mantenerse apegado al texto y al espíritu de la ley, absolutamente apartado de los conflictos y pasiones civiles, resguardado en sus cuarteles y presto a salir en defensa de la integridad política y territorial de la Nación. Su juramento de fidelidad se debe a la bandera, símbolo máximo de la Patria, y a sus principios esenciales. Es el factor que garantiza la estabilidad en tiempos de tormenta y asegura la nave del Estado contra eventuales naufragios. Es, por lo tanto, la clave de la conservación de los valores democráticos, el dique contra insurrecciones y extravíos revolucionarios, la cadena que ata a la Nación a sus fines y propósitos fundacionales.
El signo de la extrema gravedad de los tiempos no lo pone un civil que pretende destruir la institucionalidad y la tradición democrática de la Patria: lo expresa la institución militar que desconoce y traiciona sus fundamentos poniendo las armas que le delegara el pueblo para resguardar sus instituciones al servicio del conspirador, del asaltante, del destructor, del anarquista, del ambicioso, del traidor. Cuando ello sucede, cuando un civil que ha perdido su condición de soldado por la traición que cometiera le impone a un soldado el derecho máximo a la traición y lo enviste de capacidad y legitimidad para servir a la destrucción de la patria, entonces se está tocando el fondo de la infamia.
Es lo que estamos viviendo en la Venezuela de hoy: la traición de los hombres de armas en manos de generales traidores. La traición de un presidente de la república que premia la traición y la convierte en máxima distinción de la sociedad, desprovista por esos actos de traición de toda grandeza soberana. Haber premiado la traición de Henry Rangel Silva al juramento que hiciera cuando se le entregara el símbolo del poder de vida o muerte sobre inermes civiles, situándolo a la altura del primer soldado de la patria, es el acto más bochornoso, grave y humillante que se recuerde en toda la historia de la república y sus ejércitos. Demuestra la intensidad de la felonía que se cocina en las alturas del Poder y el grado de sometimiento en el que se pretende hundir al pueblo venezolano.
Sería absolutamente contrario al espíritu democrático que alimenta a la oposición pretender alzar las armas contra las armas. Pero es un imperativo categórico del momento denunciar esta felonía y recordar que los delitos de traición a la patria – máxima violación a los derechos humanos – no prescriben. A estos generales les espera el juicio de la historia. Y el de los hombres. Los espera el Estatuto de Roma.
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Alberto Rodríguez Barrera
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Alberto Rodriguez
Sería absolutamente contrario al espíritu democrático que alimenta a la oposición pretender alzar las armas contra las armas. Pero es un imperativo categórico del momento denunciar esta felonía y recordar que los delitos de traición a la patria – máxima violación a los derechos humanos – no prescriben. A estos generales les espera el juicio de la historia. Y el de los hombres. Los espera el Estatuto de RomA.
Pedro Lastra
LA TRAICIÓN DE LOS GENERALES
Los ejércitos -¡qué duda cabe! -, son el último bastión de defensa de la institucionalidad democrática. Si en tiempos de guerra su función es servir de ariete en las ambiciones expansionistas de los Estados o, correlativamente, de muro infranqueable de defensa de la soberanía nacional, en tiempos de paz entre las naciones su naturaleza es estrictamente interior: servir de columna vertebral de la institucionalidad, piedra de toque de los afanes anarquizantes y destructivos de ambiciones revolucionarias. Garante irrestricto del acuerdo sagrado que subyace a las Constituciones: garantizar la paz, la seguridad, la honra, el progreso.
Para lo cual no debe apartarse un milímetro de lo que le ordena el pueblo soberano a cuyos imperativos constitucionales se debe todo soldado: mantenerse apegado al texto y al espíritu de la ley, absolutamente apartado de los conflictos y pasiones civiles, resguardado en sus cuarteles y presto a salir en defensa de la integridad política y territorial de la Nación. Su juramento de fidelidad se debe a la bandera, símbolo máximo de la Patria, y a sus principios esenciales. Es el factor que garantiza la estabilidad en tiempos de tormenta y asegura la nave del Estado contra eventuales naufragios. Es, por lo tanto, la clave de la conservación de los valores democráticos, el dique contra insurrecciones y extravíos revolucionarios, la cadena que ata a la Nación a sus fines y propósitos fundacionales.
El signo de la extrema gravedad de los tiempos no lo pone un civil que pretende destruir la institucionalidad y la tradición democrática de la Patria: lo expresa la institución militar que desconoce y traiciona sus fundamentos poniendo las armas que le delegara el pueblo para resguardar sus instituciones al servicio del conspirador, del asaltante, del destructor, del anarquista, del ambicioso, del traidor. Cuando ello sucede, cuando un civil que ha perdido su condición de soldado por la traición que cometiera le impone a un soldado el derecho máximo a la traición y lo enviste de capacidad y legitimidad para servir a la destrucción de la patria, entonces se está tocando el fondo de la infamia.
Es lo que estamos viviendo en la Venezuela de hoy: la traición de los hombres de armas en manos de generales traidores. La traición de un presidente de la república que premia la traición y la convierte en máxima distinción de la sociedad, desprovista por esos actos de traición de toda grandeza soberana. Haber premiado la traición de Henry Rangel Silva al juramento que hiciera cuando se le entregara el símbolo del poder de vida o muerte sobre inermes civiles, situándolo a la altura del primer soldado de la patria, es el acto más bochornoso, grave y humillante que se recuerde en toda la historia de la república y sus ejércitos. Demuestra la intensidad de la felonía que se cocina en las alturas del Poder y el grado de sometimiento en el que se pretende hundir al pueblo venezolano.
Sería absolutamente contrario al espíritu democrático que alimenta a la oposición pretender alzar las armas contra las armas. Pero es un imperativo categórico del momento denunciar esta felonía y recordar que los delitos de traición a la patria – máxima violación a los derechos humanos – no prescriben. A estos generales les espera el juicio de la historia. Y el de los hombres. Los espera el Estatuto de Roma.
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